Las dudas planteadas por los docentes requieren el conocimiento especializado de una normativa específica y es por ello que los profesionales que desde ANPE atienden las consultas destacan por tener una formación jurídica especializada en dichos temas.
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Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo declara el deber de la Administración de dar un plazo de diez días para subsanar la falta de firma electrónica y registro de la solicitud