Ayer, 29 de octubre, en el Consejo Escolar del Estado se aprobó el informe sobre el desarrollo del sistema educativo. Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE, en su intervención preliminar expuso que, a estas alturas, todos los diagnósticos están hechos y detectadas las necesidades. Y es ahora, cuando necesitamos una reforma del sistema educativo global, profunda y perdurable que permita la estabilidad normativa necesaria para la introducción de los cambios en la estructura y el modelo del sistema educativo que afecten al diseño curricular, la flexibilización de la secundaria y la creación de un bachillerato en tres cursos, junto con el desarrollo e impulso de la Formación Profesional.
Todo ello debería afrontarse dentro de la regulación de un marco competencial básico en el estén definidas las atribuciones del Estado y de las CC.AA. La próxima legislatura debería abordar ineludiblemente la situación del profesorado y su futuro profesional, desde una perspectiva global.
Para ANPE estas propuestas deben ir incardinadas en una Ley de la Profesión Docente que regule el diseño de la profesión y en un Estatuto Docente específico para la función pública. Estas fueron las propuestas más significativas presentadas por ANPE que fueron aprobadas por el Pleno por amplias mayorías:
En materia presupuestaria:
- Dotación presupuestaria suficiente en relación con el PIB para alcanzar los objetivos contemplados en la Estrategia 2020.
- Incrementar las ayudas públicas a las familias, que han visto como se ha encarecido el gasto medio un 11,2 %.
- Elevar al 5% del PIB del gasto público total en educación.
- Aumentar el gasto destinado a la FP., a la FP. Dual y aumentar o implementar la oferta de la FP. Básica.
- Incorporar progresivamente a los centros públicos de Ed. Infantil y Primaria la enseñanza de 0 a 3 años, comenzando con el alumnado de dos años, con su personal diferenciado y especializado, donde los espacios y condiciones así lo permitan.
En materia de vertebración e igualdad educativa:
- Garantizar la vertebración del sistema educativo y, recuperar la supervisión y control previo de los libros de texto.
- Que la Alta Inspección de Educación ejerza de manera efectiva la competencia reconocida al Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales en el ámbito de la Educación.
- Establecer mecanismos de ajuste y se adopten las medidas necesarias para compensar las desigualdades reduciendo la brecha entre las CC.AA. y, entre España y el promedio de países de la OCDE en este apartado.
En materia de recursos humanos:
- Aumentar las ofertas de empleo ante la situación del envejecimiento de la población docente adecuadamente, cubriendo las vacantes que surjan en todos los cuerpos.
- Aumentar el número de profesores en los centros educativos públicos para atender convenientemente a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, que les permita alcanzar los objetivos generales de la etapa educativa.
- Potenciar a las Escuelas Oficiales de Idiomas ampliando la oferta formativa de todos los niveles, el aumento de las plantillas de profesorado, una mayor dotación de recursos y auxiliares de conversación y la bajada de las tasas académicas.
En materia convivencia:
- Realizar desde el Observatorio para la Convivencia un estudio empírico sobre una muestra representativa de centros para detectar qué prácticas contribuyen a crear un mejor clima de respeto y trabajo en el centro.
Todos estos cambios son fundamentales. ANPE espera que, tras el proceso electoral del 10 de noviembre, se pueda conformar un gobierno estable con los apoyos parlamentarios suficientes para dar respuesta a los retos y desafíos a los que se enfrenta la educación en España, agravados por la parálisis institucional a la que la situación política nos ha abocado en los últimos años.
Madrid, 30 de octubre de 2019
