Para ANPE, la consideración del docente como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones con rango de ley ha sido siempre una premisa básica. Fuimos pioneros en la defensa de esta causa y en la puesta en marcha del servicio de El Defensor del Profesor, que inspiró la creación posterior de otros servicios similares, por organismos públicos y privados.
Las campañas de ANPE sobre la autoridad docente han sido fundamentales para provocar un cambio de actitud en los poderes públicos, que tomaron conciencia del deterioro de la convivencia en las aulas sucedido en las últimas décadas. Y ello, a pesar de que nuestras denuncias han sido siempre cuestionadas desde ciertos sectores políticos, sociales y sindicales.
Gracias a nuestra labor, la LOMCE recogió en su articulado el principio de autoridad pública del profesorado, desarrollado en varias comunidades autónomas mediante normas con rango de ley. Igualmente, la reforma del Código Penal del año 2015 establece que “se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.
En el ámbito andaluz, ANPE ha reclamado durante años la elaboración y aprobación de una ley de autoridad del profesorado que unifique la dispersa normativa existente y dote de un adecuado respaldo legal y moral a los docentes que prestan servicios en nuestra comunidad autónoma, otorgándoles protección jurídica y presunción de veracidad y estableciendo el deber de colaboración de las familias y el compromiso de la administración educativa con sus docentes. Y si ello no ha sido posible hasta ahora, ha sido por la postura contraria de los gobiernos socialistas y sus aliados de izquierda, escudada en argumentos falsamente pedagógicos.
Con motivo del cambio político derivado de las elecciones autonómicas del pasado diciembre, ANPE ha insistido en su reivindicación, exigiendo a los socios de la coalición que satisfagan esta demanda del profesorado, recogida en su pacto sobre el programa de gobierno.
Por fin, en esta semana, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado, cuyo borrador inicial recoge cuestiones acordes con nuestras demandas como la consideración de autoridad pública, la presunción de veracidad, la asistencia jurídica y psicológica, el fomento de la convivencia en los centros, la promoción del valor social de la profesión docente, el deber de colaboración de las familias y principio de responsabilidad y la reparación de daños por quienes incurran en agresiones a los profesores.
ANPE trabajará activamente en el proceso de tramitación del documento definitivo, presentando sus aportaciones, y celebra el paso dado por el gobierno andaluz, que consideramos como un éxito propio y del conjunto del profesorado. La función docente debe ser valorada socialmente en su justa medida. Sus competencias y decisiones académicas necesitan del respeto y apoyo del resto de la Comunidad Educativa. Solo así, el profesorado podrá convertirse en un referente social para las nuevas generaciones de andaluces.
Sevilla, 26 de abril de 2019.
ANPE-ANDALUCÍA
