En el día de hoy y cumpliendo todas las expectativas, Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido investido como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. El candidato recién proclamado, al que deseamos acierto y suerte en su gestión, encabezará un gobierno de coalición en minoría, que necesitará de otros apoyos parlamentarios para llevar a buen puerto las distintas iniciativas que lleve a la cámara autonómica. Esta circunstancia proyecta todo tipo de incertidumbres sobre el nuevo tiempo político que se abre en nuestra comunidad y en el que la responsabilidad de la Consejería competente en materia de Educación recaerá inicialmente sobre el partido Ciudadanos, tras casi cuarenta años en los que esta ha permanecido en las manos del PSOE-A.
Como ya advertimos al día siguiente de las elecciones, ANPE, como sindicato exclusivo del profesorado de la enseñanza pública y mayoritario entre el colectivo docente, exigirá al nuevo gobierno andaluz, desde la Mesa Sectorial de Educación, que desarrolle, al margen de su orientación ideológica, una política inequívoca de compromiso con el sistema público de educación. En este sentido, las apelaciones a la libre elección de centros o el propósito de concertar el Bachillerato, presentes en los acuerdos programáticos de la coalición que sostendrá al nuevo gobierno no sólo no cuentan con nuestro apoyo, sino que nos tendrán decididamente enfrente, puesto que ANPE entiende, desde su decidido compromiso con el sistema público de enseñanza, que toda medida que se adopte en ese sentido supone un agravio a la educación pública en beneficio de intereses privados.
Por el contrario, algunas de las promesas de Moreno Bonilla y sus socios se aproximan a las demandas que ANPE ha planteado en los últimos años al gobierno socialista, tales como la recuperación paulatina e íntegra de todos los derechos perdidos por los empleados públicos andaluces, el establecimiento de medidas para posibilitar y garantizar la conciliación profesional y familiar, la asignación de profesorado de apoyo y refuerzo en los centros educativos, la consideración del profesorado como autoridad pública en la legislación autonómica, la mejora de instalaciones, la dotación de recursos para la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales o la apuesta por la Formación Profesional.
En la etapa que ahora se inicia, ANPE trabajará para que aquellas promesas que sintonizan con las necesidades de nuestro sistema educativo y su profesorado se plasmen en medidas concretas, tales como la recuperación de las ayudas de acción social o la devolución de las cantidades detraídas de las pagas extras de los años 2013 y 2014, y exigirá a las fuerzas integrantes de la coalición de gobierno que sean consecuentes con lo que votaron cuando estaban en la oposición, a favor de la equiparación retributiva del profesorado andaluz con el del resto de comunidades autónomas.
Entre los temas que con mayor urgencia vamos a plantear a los nuevos responsables de la Consejería competente en Educación, está el de la convocatoria de oposiciones a cuerpos docentes para este año, que debe realizarse conforme a las previsiones de oferta ya publicadas y recoger las necesidades derivadas de la reposición de efectivos, para dar respuesta a las decenas de miles de potenciales opositores y propiciar la creación de empleo estable facilitando la oportunidad de acceder a la condición de funcionario a los docentes que hoy forman parte de las bolsas de interinos.
En un momento histórico en el que numerosos colectivos van a deslizarse por la pendiente de la demagogia, es nuestro propósito que todas nuestras actuaciones, tanto a la hora de exigir al nuevo gobierno que aplique determinados puntos de su programa, como a la de oponernos frontalmente a otros, se desarrollen como hasta ahora, conforme a los principios que siempre han caracterizado a ANPE, de absoluta independencia y profesionalidad. No nos debemos a nada ni a nadie más que a la Educación Pública y a su Profesorado.
Sevilla, 16 de enero de 2019.
ANPE-ANDALUCÍA
