Como cada curso, desde la puesta en marcha de nuestro servicio, en 2005, ANPE ha presentado, tanto a nivel nacional como autonómico, el informe anual de El Defensor del Profesor.
Las leyes educativas siguen sin dar respuesta a problemas que soportan a diario los docentes en los centros educativos, como situaciones de acoso, amenazas, falsas acusaciones y violencia física y psíquica.
Con un total de 134 casos atendidos durante el curso 2022-23, nuestro servicio ha atendido un total de 134 casos ocurridos en centros públicos. De ellos, un 6% corresponde al nivel de Educación Infantil, un 40% a la Educación Primaria, un 40 % a la ESO y el Bachillerato, un 7% a la FP y otro 7% a la Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.
Clasificamos en tres grandes grupos los casos atendidos, según el sector de la comunidad educativa al que pertenecen las personas que originan el conflicto:
-En cuanto a los causados por el alumnado, destacan las dificultades para dar clase que suponen un 17%, las faltas de respeto y falsas acusaciones con otro 17% y las amenazas del alumnado que representan un 12%. En cuanto a los episodios de violencia física, si bien escasos afortunadamente, nos preocupa su naturaleza cada vez más agresiva, lo que genera una gran inquietud entre el colectivo docente.
Aunque disminuye el ciberacoso, por la prohibición por parte de los centros de uso de dispositivos móviles en las aulas, seguimos reclamando una actualización de la normativa que salvaguarde los derechos de imagen y protección de datos personales del profesorado.
-Respecto a las familias, llaman la atención los episodios de acoso y falsas acusaciones a los que someten a los docentes, que suponen en conjunto un 22%, así como las denuncias ante equipos directivos o la inspección educativa, que suponen un 13%.
Mantener ratios de alumnos tan altas por clase impide una atención más individualizada y personalizada al alumnado y sus familias, cuestionando estas últimas, de manera continua y desde una perspectiva sobreprotectora, la labor docente en aspectos como la metodología de trabajo, la gestión del aula y del tiempo.
-En el último bloque, hemos de aludir a los conflictos relacionados con el ámbito laboral como los relacionados con la aplicación de la normativa de organización y funcionamiento de los centros docentes (10%), aperturas de expedientes disciplinarios (2%) y problemas con la administración educativa en general (37%).
Cabe destacar el alto porcentaje que presentan los docentes con las dificultades en la aplicación del currículo escolar, derivadas del desarrollo tardío de la LOMLOE. A ello habría que añadir la falta de recursos humanos y materiales para atender la diversidad del alumnado, y de protocolos para abordar la salud mental y la gestión de emociones dentro y fuera del aula.
Los docentes, en el ejercicio de sus funciones, pagan un gran coste emocional, del que se resiente tanto su salud física como mental. Del total de docentes atendidos, manifestaban un gran nivel de estrés y ansiedad un 75%, mostrando además síntomas depresivos un 15%. Respecto al curso anterior sí que han disminuido los casos que han desembocado en baja médica, reduciéndose a tan sólo un 12%, lo que demuestra su gran esfuerzo por mantenerse activos en el aula.
Todos estos datos son una muestra de las situaciones reales que nos encontramos en las aulas (carga burocrática, ratios elevadas, creciente número de alumnos con necesidades educativas especiales…) y que ponen a prueba la responsabilidad del docente, falto de un suficiente apoyo político y social.
Desde el servicio andaluz de El Defensor del Profesor y desde las asesorías jurídicas provinciales de ANPE-ANDALUCÍA, reiteramos una vez más, nuestro compromiso y apoyo hacia todos los docentes. Es primordial cuidar su salud física y emocional y mantener libres de todo tipo de violencia a los centros educativos.
Trabajamos para mejorar el reconocimiento social de los docentes y dar visibilidad a su trabajo diario con el objetivo de que la educación alcance el lugar que merece en nuestra sociedad.
Desde ANPE-ANDALUCÍA, seguimos trabajando en el desarrollo normativo de la ley autonómica de reconocimiento de la autoridad del profesorado, con la misma intensidad que hacemos en el caso de la defensa del resto de condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza pública andaluza. Haciendo hincapié en una estabilidad de la normativa educativa, bajada de ratios y refuerzo de plantillas docentes y disminuir el exceso de burocracia en los centros educativos.
Jaén, 23 de noviembre de 2023.
ANPE-ANDALUCÍA
De izquierda a derecha, Charo Siguero (coordinadora autonómica del servicio), Francisco Padilla (presidente de ANPE-ANDALUCÍA) y José Cuadrado (vicepresidente de ANPE-ANDALUCÍA).
