Según los distintos niveles educativos, el lunes 11 o el viernes 15 comenzará la actividad lectiva del curso escolar 2023/24, en la enseñanza andaluza no universitaria. Un curso en el que avanza la aplicación de la LOMLOE, tras la publicación de los currículos propios de nuestra comunidad autónoma. Y en el que culminarán tanto el proceso extraordinario de estabilización de plantillas, como la integración del profesorado técnico de FP en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.
Desde ANPE, como sindicato exclusivo de la enseñanza pública, hemos manifestado nuevamente la exigencia a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, en una reunión celebrada el pasado lunes 4, de que desarrolle una política inequívoca de compromiso con el sistema público de educación.
Ante el anuncio de la titular de la Consejería sobre un incremento de plantilla para el presente curso, de 1.235 cupos para refuerzo pedagógico con cargo al presupuesto andaluz, así como de otros 212 cupos de maestros de educación especial al amparo de programas financiados con fondos europeos, ANPE ha manifestado que, si bien reconocemos el esfuerzo económico realizado por la administración andaluza, consideramos que este es insuficiente, teniendo en cuenta el volumen de nuestra plantilla docente y dados los buenos resultados que la dotación extraordinaria de profesorado ha dado en los últimos cursos, en materia de mejora de la atención a la diversidad y prevención del abandono escolar.
En un marco transitorio en el que conviven las nuevas inversiones de la Junta con la percepción de fondos europeos para la financiación de algunos programas aún vigentes, ANPE insta a la Consejería a la negociación de un acuerdo de legislatura sobre incremento de plantillas docentes que se consolide de manera estructural en el sistema y que satisfaga tanto las necesidades reales de refuerzo pedagógico, orientación del alumnado y atención a la diversidad —con mayor dotación de profesorado de educación especial—, como las reivindicaciones del profesorado acerca de la reducción de su horario lectivo semanal y la disminución de las ratios en las aulas.
En este sentido, hemos solicitado una reducción del horario lectivo semanal del profesorado de Infantil y Primaria a 23 horas y que no desborde el máximo de 18 horas para el profesorado de otras enseñanzas, como prevé la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desarrollo de la docencia, aprobada a nivel estatal. Asimismo, exigimos el estricto cumplimiento de los máximos legalmente establecidos para las ratios, sin desbordes excepcionales, y la disminución progresiva de las ratios actuales aprovechando la disminución coyuntural de alumnado, evitando también la supresión de unidades, que se ceba especialmente con el sistema público.
Ahondando en la mejora de las condiciones profesionales de los docentes, ANPE ha expuesto a la consejera la necesidad de poner en marcha —de forma urgente— los procedimientos de adquisición de nuevas especialidades y promoción profesional del subgrupo A2 al subgrupo A1, así como activar la convocatoria de acceso a cátedras como derecho contemplado por la legislación vigente en materia de Educación y que reiteradamente deniega la administración educativa. Para ANPE, no caben más demoras a la hora de negociar un modelo de carrera profesional, tal y como contempla, desde hace casi dos décadas, la propia Ley de Educación de Andalucía. En este sentido, hemos adquirido el compromiso con la consejera de iniciar el proceso negociador hacia un posible acuerdo que defina la carrera docente en nuestra comunidad.
Uno de los principales ejes del debate educativo durante el curso anterior ha sido la problemática generada por la asfixiante burocracia que entorpece la labor cotidiana de los docentes. Una vez elaboradas las conclusiones de los grupos de trabajo creados al efecto por la Consejería y las organizaciones representativas del profesorado, es necesario afrontar una negociación seria que permita descargar a los docentes de todo papeleo superfluo y dotarles de la asignación horaria imprescindible para afrontar eficazmente las tareas de coordinación didáctica y acción tutorial. Cuestión que está íntimamente ligada a la reducción del horario lectivo semanal que venimos reclamando.
El impulso a la Formación Profesional es otra de nuestras preocupaciones. Desde nuestra perspectiva, apostamos ante todo por la oferta pública, que debe superar el marco actual para poder satisfacer el crecimiento de la demanda de estos estudios y no verse superada por las pretensiones de la enseñanza privada y las universidades en un terreno que perciben como un mercado de futuro. En este sentido, reclamamos una apuesta decidida por el incremento de la oferta de estas enseñanzas, en la que sea el sistema público el que abandere la atención a la creciente demanda. Para ello, entendemos imprescindible un plan de actuación por el que se garantice un nuevo mapa de la FP en la comunidad autónoma, con un aumento sustancial de plazas que se haga realidad durante el mandato del actual gobierno andaluz, así como un mayor esfuerzo en dotación de recursos técnicos y materiales a los centros, que propicie una formación moderna y de calidad.
Transcurridos más de dos años desde la publicación de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, por la que ANPE luchó en solitario durante largo tiempo, seguimos sin que esta se desarrolle normativamente. Instamos por tanto a la Consejería a que cumpla el compromiso adquirido a fines del curso pasado ante la Mesa Sectorial, de presentar, antes de la finalización de 2023, un borrador de Decreto que desarrolle su ámbito de aplicación, los principios legales en los que se sustenta la autoridad, los derechos del profesorado en el ejercicio de su función, la plasmación concreta de su reconocimiento como autoridad pública, la protección y reconocimiento de la función docente, la responsabilidad y reparación de daños por parte de quienes incurran en conductas contrarias a la convivencia y la asistencia jurídica y psicológica al profesorado.
Como ocurre en otros sectores profesionales, la conciliación de la vida familiar y laboral es una de las grandes preocupaciones para las personas que día a día nos entregamos al servicio del sistema público de enseñanza. Hace casi un año que ANPE y el resto de organizaciones de la Mesa Sectorial alcanzamos un acuerdo con la Consejería para posibilitar la continuidad del teletrabajo en el ámbito educativo, novedad que se había implantado a raíz de la pandemia Covid-19. En aquellos duros momentos, se demostró que determinadas tareas del horario no lectivo del profesorado pueden desarrollarse eficazmente de manera telemática, propiciando la conciliación y evitando tanto el despilfarro energético en los centros como desplazamientos innecesarios. Sin embargo, el mencionado acuerdo no está teniendo el alcance que perseguíamos al no haberse producido una actualización de la obsoleta normativa de organización y funcionamiento de los centros docentes, para cuya urgente renovación demandamos la apertura inmediata de negociaciones.
No queremos cerrar esta nota sin recordar a nuestros compañeros docentes que, en este mes de septiembre, y conforme a las condiciones pactadas, se inicia el abono del segundo tramo de la equiparación salarial del profesorado andaluz a la media del Estado, fruto de un acuerdo retributivo conseguido tras una larga sucesión de actuaciones por parte de nuestra organización sindical.
ANPE, desde su larga trayectoria y compromiso con la enseñanza pública, exigirá en todo momento la negociación colectiva con los legítimos representantes del profesorado, de cualquier cuestión que afecte a sus condiciones profesionales, al tiempo que ofrecerá su permanente predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso en todas aquellas iniciativas que redunden en beneficio de la educación pública andaluza y de sus docentes.
Sevilla, 8 de septiembre de 2023.
ANPE-ANDALUCÍA
