Como en años anteriores, ANPE-ANDALUCÍA ha presentado el informe anual de El Defensor del Profesor, relativo a la violencia sufrida por los docentes de la enseñanza pública. Estos profesionales han tenido que vivir diferentes situaciones de conflicto en el ámbito escolar, incompatibles con lo que debe ser la adecuada convivencia en los centros educativos. Situaciones inaceptables, que ningún docente debe soportar y mucho menos deben permitirse a nivel social.
La presentación, en rueda de prensa celebrada en la sede social del sindicato en Sevilla, ha corrido a cargo de Charo Siguero, coordinadora andaluza del servicio, acompañada de Francisco Padilla, presidente de ANPE-ANDALUCÍA y Antonio Brea, secretario de comunicación.
Con un total de 164 casos atendidos durante el curso 2020-21 por el Defensor del Profesor en Andalucía, un 3% corresponde al nivel de Educación Infantil, un 40% a la Educación Primaria, un 45 % a la Enseñanza Secundaria, un 4% a los Ciclos Formativos, un 3% a la F.P. Básica, un 2% a la Educación de Adultos y un 3% a las Enseñanzas de Régimen Especial.
Clasificamos en tres grandes grupos los casos atendidos, según el sector de la comunidad educativa al que pertenecen las personas que originan el conflicto:
-En cuanto al alumnado, destacan las dificultades para dar clase (26%), seguidas de las faltas de respeto y falsas acusaciones, y aumentan los casos de ciberacoso hasta un 10%.
Conforme a la tendencia de años anteriores, crecen los casos de difusión en redes de videos grabados a docentes, sin permiso alguno, mientras imparten clases de forma presencial o a distancia. Las circunstancias sobrevenidas a causa de la pandemia han contribuido a ello por el mayor peso de la enseñanza online. En este sentido, seguimos reclamando una actualización de la normativa que salvaguarde los derechos de imagen y protección de datos personales del profesorado.
-Respecto a las familias, las estadísticas son llamativas en los casos relativos a las acusaciones sin fundamento (20%), faltas de respeto (22%), ciberacoso (18%) y las presiones para modificar notas (10%).
Desgraciadamente, y a pesar del esfuerzo realizado para que este tipo de cosas cambie, algunos padres o madres de nuestros alumnos cuestionan cualquier actuación o decisión del profesorado, queriendo imponer su criterio personal, hasta llegar al punto de difamar, amenazar o incluso agredir al docente.
En el último bloque, hemos de aludir a los conflictos relacionados con el ámbito laboral relacionados con la aplicación del Reglamento de Régimen Interior o Decretos de Convivencia, un 21%, apertura de expediente disciplinario 4% y problemas con la administración en general 75%.
Los docentes, en el ejercicio de sus funciones, pagan un gran coste emocional, del que se resiente tanto su salud física como mental. Del total de docentes atendidos, manifestaban un gran nivel de estrés y ansiedad un 90%, mostrando síntomas depresivos un 25%. Un 10% de ellos estaban incluso de baja laboral, como consecuencia de la situación.
Todo este cúmulo de situaciones redunda negativamente en la calidad del propio sistema educativo. Es fundamental que el conjunto de la sociedad tome conciencia del problema de conflictividad que sigue manteniéndose en nuestras aulas. Toda la comunidad educativa, así como las Instituciones, deben aunar y coordinar esfuerzos para erradicar esta lacra que tan determinante puede ser en el futuro de nuestros niños y jóvenes. Es necesario que se favorezca, con la ayuda de todas las partes, una verdadera interiorización de valores y actitudes que permita un mejor clima de convivencia en nuestros centros y, por ende, en nuestra sociedad.
Desde el servicio andaluz de El Defensor del Profesor y desde las asesorías jurídicas provinciales de ANPE-ANDALUCÍA, reiteramos una vez más, nuestro compromiso y apoyo hacia todos los docentes. Queremos que aquellos que atraviesan por alguna de estas situaciones no se sientan solos ante el problema y que sepan que pueden contar con nosotros para la búsqueda de soluciones.
Por último, queremos expresar nuestra satisfacción por la definitiva promulgación, tras un lentísimo trámite, de la ley autonómica de reconocimiento de la autoridad del profesorado, en cuyo desarrollo normativo trabajaremos, con la misma intensidad que hacemos en el caso de la defensa del resto de condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza pública andaluza.
Sevilla, 25 de noviembre de 2021.
El Defensor del Profesor-Andalucía
