En la tarde de hoy, el Parlamento de Andalucía ha aprobado, tras una larga tramitación, la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado.
El resultado de la votación, ha ofrecido una amplia mayoría favorable: 92 votos a favor de los diputados de PP, C's, PSOE y Vox, frente a 11 votos negativos y 6 abstenciones.
Desde antes de que en 2008 pusiéramos en marcha a nivel nacional de la campaña “Por el reconocimiento de la autoridad pública del docente en el ejercicio de su función”, ANPE venía reclamando, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, la elaboración y aprobación de leyes de autoridad del profesorado que unificaran la dispersa normativa prexistente y dotaran de un adecuado respaldo legal y moral a los docentes que prestan servicios en la enseñanza pública. Un esfuerzo por nuestra parte que se vio recompensado, en los años siguientes, con la aprobación de distintas leyes, actualmente vigentes en comunidades gobernadas por formaciones políticas de diverso signo. Y también en la reforma del Código Penal, del año 2015, por la que “se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.
Por ello, no dejábamos de insistir en que en Andalucía se aprobara una ley similar que otorgase al profesorado protección jurídica y presunción de veracidad, que estableciera el deber de colaboración de las familias y el compromiso de la administración educativa con sus docentes, a través de la adecuada asistencia jurídica en casos de acoso o agresión y de medidas de apoyo y reconocimiento de su labor.
ANPE ha defendido siempre que la autoridad del profesorado es un elemento básico del proceso educativo. Educar implica establecer una relación enriquecedora y compleja que se da entre personas iguales en dignidad, pero situadas en distintos niveles de responsabilidad. Sin embargo, la autoridad de los docentes ha estado muy cuestionada durante las últimas décadas, tal vez porque se ha querido impregnar de un carácter peyorativo a conceptos como la autoridad, la disciplina y el respeto, que nosotros consideramos perfectamente compatibles con una escuela democrática e inclusiva.
Para ANPE, la aprobación de esta ley por la que se reconoce nuestra autoridad supone un premio a una ingrata labor que en su momento iniciamos en solitario, ante el escepticismo de diversos sectores políticos, sociales y sindicales, en un contexto en el que muchas agresiones a docentes quedaban completamente impunes. Y también un punto de partida para un proceso de desarrollo normativo de la misma, en el que intervendremos activamente.
Sevilla, 21 de julio de 2021.
ANPE-ANDALUCÍA