En la tarde de hoy, Francisco Padilla, presidente de ANPE-ANDALUCÍA, ha expresado, ante la Comisión de Educación del Parlamento Autonómico, nuestra postura ante el Proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado.
En su intervención, el presidente de ANPE-ANDALUCÍA ha instado a todos los grupos parlamentarios, para que presten su apoyo a los docentes, al margen de prejuicios ideológicos, por medio del voto favorable a un documento legislativo que ha contado con la aportación de los agentes sociales en el seno del Consejo Escolar de Andalucía.
Ya años antes de que en 2008 pusiéramos en marcha a nivel nacional de la campaña “Por el reconocimiento de la autoridad pública del docente en el ejercicio de su función”, ANPE venía reclamando, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, la elaboración y aprobación de leyes de autoridad del profesorado que unifiquen la dispersa normativa prexistente y doten de un adecuado respaldo legal y moral a los docentes que prestan servicios en la enseñanza pública. Un esfuerzo por nuestra parte que se vio recompensado, en los años siguientes, con la aprobación de distintas leyes, actualmente vigentes en comunidades gobernadas por formaciones políticas de diverso signo. Y también en la reforma del Código Penal, del año 2015, por la que “se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.
Por ello, no dejábamos de insistir en que en Andalucía se aprobara una ley similar que otorgase al profesorado protección jurídica y presunción de veracidad, que estableciera el deber de colaboración de las familias y el compromiso de la administración educativa con sus docentes, a través de la adecuada asistencia jurídica en casos de acoso o agresión y de medidas de apoyo y reconocimiento de su labor.
Gracias a las nuevas circunstancias derivadas del cambio político sucedido a partir de las elecciones de diciembre de 2018, el camino para una ley de autoridad empezó a despejarse, al contemplarse tanto en el programa pactado por los socios de la coalición de gobierno como en las distintas manifestaciones públicas realizadas por el consejero de Educación y Deporte.
ANPE ha defendido siempre que la autoridad del profesorado es un elemento básico del proceso educativo. Educar implica establecer una relación enriquecedora y compleja que se da entre personas iguales en dignidad, pero situadas en distintos niveles de responsabilidad. Sin embargo, la autoridad de los docentes ha estado muy cuestionada durante las últimas décadas, tal vez porque se ha querido impregnar de un carácter peyorativo a conceptos como la autoridad, la disciplina y el respeto, que nosotros consideramos perfectamente compatibles con una escuela democrática e inclusiva.
La consideración del docente como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones con rango de ley ha sido siempre una premisa básica para ANPE. Fuimos pioneros en la defensa de esta causa y en la puesta en marcha del servicio de El Defensor del Profesor, que inspiró la creación posterior de otros servicios similares, por organismos públicos y privados.
Para ANPE, la aprobación de esta ley por la que se reconoce nuestra autoridad supondrá un premio a una ingrata labor que en su momento iniciamos en solitario, ante el escepticismo de diversos sectores políticos, sociales y sindicales, en un contexto en el que muchas agresiones a docentes quedaban completamente impunes.
En el cierre de su alocución, Francisco Padilla ha recordado a los parlamentarios asistentes el deber social de valorar justamente la función del profesorado, favoreciendo el respeto y adhesión del resto de sectores de la comunidad educativa a sus competencias y decisiones académicas.
Sevilla, 18 de mayo de 2021.
ANPE-ANDALUCÍA
