• Noticia destacada

El Defensor del Profesor de Andalucía presenta su informe 2019/20


03 Dic, 2020

Debido a la especial situación generada por la pandemia, este año optamos por presentar el informe anual de nuestro servicio El Defensor del Profesor a través del presente vídeo y no de una rueda de prensa.

Desde la puesta en marcha de nuestro servicio, en 2005, hemos atendido a nivel nacional a unos 38.500 docentes, que en su inmensa mayoría desarrollaban su labor en la enseñanza pública. Estos profesionales han tenido que vivir diferentes situaciones de conflicto en el ámbito escolar, incompatibles con lo que debe ser la adecuada convivencia en los centros educativos. Situaciones inaceptables, que ningún docente debe soportar y mucho menos deben permitirse a nivel social.

Del total de casos atendidos durante el curso 2019-20 por el Defensor del Profesor en Andalucía, un 6% corresponden al nivel de Educación Infantil, un 38% a la Educación Primaria, un 42 % a la Enseñanza Secundaria, un 2% a Bachillerato, un 3% a los Ciclos Formativos, un 5% a la F.P. Básica, un 2% a la Educación de Adultos y un 2% a las Enseñanzas de Régimen Especial.

Clasificamos en tres grandes grupos los casos atendidos, según el sector de la comunidad educativa al que pertenecen las personas que originan el conflicto:

-En cuanto al alumnado, destacan las Dificultades para dar clase (26%), seguidas de las Faltas de respeto y Falsas acusaciones, y aumentan considerablemente los casos de Ciberacoso (16%).

Cada vez se producen más casos de difusión en redes de videos grabados a docentes, sin permiso alguno, mientras imparten clases de forma presencial o a distancia. En este último aspecto, hemos de constatar que la enseñanza online es un nuevo paradigma educativo que ha llegado para quedarse, tras irrumpir de forma rápida y precipitada por las circunstancias sobrevenidas a causa de la pandemia. En un contexto en el que el profesorado ha sabido responder de forma efectiva y competente, comienzan a plantearse debates complejos sobre el derecho a la propia imagen, en los que existe un cierto vacío legal al respecto. En ese sentido, reclamamos una actualización de la normativa que salvaguarde los derechos de imagen y protección de datos personales del profesorado.

-Respecto a las familias, las estadísticas se mantienen en la misma línea de cursos pasados, destacando un incremento notable en las Acusaciones sin fundamento (25%), Ciberacoso (20%) y las Presiones para modificar notas (15%).

Es triste observar con qué facilidad algunos padres o madres de nuestros alumnos cuestionan cualquier actuación o decisión del profesorado, queriendo imponer su criterio personal, desde la ignorancia de cualquier criterio psicopedagógico, hasta llegar al punto de difamar, amenazar o incluso agredir al docente.

Constatamos que los efectos de la situación de emergencia sanitaria y confinamiento sobre la comunicación entre las familias y el profesorado, han contribuido lamentablemente a agravar esta tendencia.

- En el último bloque, hemos de aludir a los conflictos con la propia Administración o con los propios compañeros. Los Problemas de comunicación entre el profesorado y sus equipos directivos suponen el 30% de los casos y los relacionados con la aplicación del Reglamento de Régimen Interior o Decretos de Convivencia, un 12%.

Debido a la situación tan especial por la que atravesamos, el docente está pagando un gran coste emocional, a pesar de los grandes esfuerzos de adaptación realizados. Esto ha ocasionado que se resienta tanto su salud física como mental. Del total de docentes atendidos, manifestaban un gran nivel de estrés y ansiedad un 85%, mostrando síntomas depresivos un 15%. Un 10% de ellos estaban incluso de baja laboral, como consecuencia de la situación.

La importancia de la repercusión de estos datos va más allá del ámbito docente, redundando en la calidad de la enseñanza de todo el sistema educativo. Es fundamental que el conjunto de la sociedad tome conciencia del problema de conflictividad que sigue manteniéndose en nuestras aulas. Toda la comunidad educativa, así como las Instituciones, deben aunar y coordinar esfuerzos para erradicar esta lacra que tan determinante puede ser en el futuro de nuestros niños y jóvenes. Es necesario que se favorezca, con la ayuda de todas las partes, una verdadera interiorización de valores y actitudes que permita un mejor clima de convivencia en nuestros centros y, por ende, en nuestra sociedad.

Desde el servicio de ANPE-ANDALUCÍA “El Defensor del Profesor”, reiteramos una vez más, nuestro compromiso y apoyo hacia todos los docentes. Queremos que aquellos que atraviesan por alguna de estas situaciones no se sientan solos ante el problema y que sepan que pueden contar con nosotros para la búsqueda de soluciones.

Papel fundamental en esta labor de apoyo al profesorado es el desempeñado por nuestras asesorías jurídicas. Sirva como reciente ejemplo la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1, de Jaén, por la que la madre de un alumno de un colegio público de la provincia, ha sido condenada por delito de amenazas proferidas contra el director y una de las maestras del centro, que pusieron el caso en manos de nuestro servicio provincial de El Defensor del Profesor.

Por último, queremos expresar nuestra insatisfacción derivada de la lentísima tramitación por parte de la Junta de Andalucía, de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, en su momento una de las principales promesas electorales de los actuales gobernantes de la comunidad autónoma. Seguimos aguardando su definitiva aprobación para trabajar en su desarrollo normativo, con la misma intensidad que hacemos en el caso de la defensa del resto de condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza pública andaluza.

Sevilla, 3 de diciembre de 2020.

ANPE-ANDALUCÍA

 

 

informe_defensor_andalucia_201920