En la reunión de hoy de la Mesa Sectorial, se han presentado las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. El documento versa sobre medidas organizativas de los centros educativos, así como establece pautas a seguir en caso de sospecha o confirmación de contagios. Por otro lado, insta a cada centro a desarrollar un protocolo que contemple dos escenarios: uno de docencia presencial y otro de docencia telemática. El protocolo contiene un total de diecinueve apartados que van desde el establecimiento de una comisión específica a la planificación de la organización general del centro.
Desde ANPE, hemos solicitado la retirada de estas Instrucciones, toda vez que no hacen referencia alguna a los recursos anunciados en el Consejo de Gobierno del pasado martes, de ampliación de la plantilla docente en 6.000 efectivos, dotación de 150.000 dispositivos digitales y asignación de 25 millones de euros para posibles reformas para adaptación de espacios. Entendemos que un documento que pretende dar pautas para la organización de los centros educativos no puede ser ajeno a la aplicación de estas medidas, que condicionarán, sin lugar a dudas, dicha organización.
Para ANPE, el objetivo del próximo curso debe ser garantizar la enseñanza presencial para todo el alumnado. Para ello será necesario crear un entorno escolar seguro que dé confianza y seguridad a la comunidad educativa, con el cumplimento riguroso de las medidas sanitarias y de distanciamiento social.
En este contexto, se hace ahora más necesaria que nunca la introducción de la figura de la enfermera escolar, ya prevista en algunas comunidades, para que colabore como técnico en materia de detección precoz, seguimiento de casos, enlace con los centros sanitarios, asesoramiento a los miembros de la comunidad educativa y colaboración en la educación para la salud frente al COVID-19.
Desde ANPE, consideramos que el documento presentado por la Consejería es impreciso y excesivamente genérico, descargando toda la responsabilidad sobre los equipos directivos. Además, algunas de las pautas organizativas que contempla pueden afectar negativamente a las condiciones laborales del profesorado, como las relativas a las modificaciones en el horario de entrada y salida del alumnado.
Cuestiones que nos preocupan en las Instrucciones presentadas por la Consejería, en las distintas enseñanzas, son las dificultades que se prevén para el desarrollo de la enseñanza bilingüe y la actividad de los maestros especialistas, en la etapa de Primaria. En Secundaria, la posible organización por ámbitos puede empeorar la formación del alumnado y dificultar la tarea de aquellos docentes cuyas especialidades no concuerden con dicho modelo organizativo. En cuanto a la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, son las grandes olvidadas del documento, que no contempla medidas específicas para ellas.
Por todo ello, ANPE rechaza estas Instrucciones que vienen a cargar a los equipos directivos con nuevas responsabilidades, mientras no se reflejan los compromisos de la administración educativa en lo que se refiere a bajada de ratios, desdobles de grupos, adaptaciones de espacios, distribución de dispositivos electrónicos y otros recursos.
En este sentido, la Consejería ha manifestado su compromiso de incorporar al texto, de acuerdo con nuestras demandas, los criterios de distribución de los efectivos adicionales. De estos, 4.000 se destinarían a centros públicos, más otros 826 para cubrir la reducción de horario lectivo de los coordinadores de COVID-19 (entre dos y cuatro horas semanales según los centros). ANPE ha solicitado que todas estas plazas se asignen en el procedimiento anual de adjudicación de destinos provisionales para el próximo curso, actualmente en marcha.
En cuanto a la dotación de dispositivos electrónicos, desde la Consejería aseguran que en su gran mayoría serán proporcionados directamente a los docentes.
Para ANPE, es necesario afrontar un plan de reformas de los centros que permitan adecuar los espacios al cumplimiento de las medidas preventivas. Según la Consejería, los centros podrán presentar proyectos para adaptación de espacios con un importe máximo de entre 25.000 a 50.000 euros.
La ampliación de plantilla de profesorado prevista debe dirigirse, en nuestra opinión, a garantizar desdobles, desarrollar planes específicos de apoyo y refuerzo educativo al alumnado más desfavorecido por la brecha digital y sustituir al profesorado perteneciente a colectivos señalados como vulnerables por Sanidad y a cuya reincorporación a los centros nos oponemos.
En consecuencia y desde esta posición de rechazo, hemos solicitado a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía que formule una nueva propuesta, para su negociación en el ámbito de la Mesa Sectorial.
ANPE exige instrucciones claras para abordar la actividad docente en el próximo curso. De ningún modo queremos que se reproduzca el sentimiento de abandono, cansancio e incertidumbre del profesorado, en el tramo final del curso que acaba de terminar.
Sevilla, 2 de julio de 2020.
ANPE-ANDALUCÍA
