En el día de ayer, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el nuevo decreto que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Desde la Consejería de Educación y Deporte se ha presentado esta norma como un avance en el derecho de libertad de elección de centros de las familias y la conciliación familiar. Igualmente, el consejero ha declarado que la medida nace del consenso de la comunidad educativa y que recoge la mayor parte de las propuestas del Consejo Escolar de Andalucía, Mesa Sectorial y otros foros.
Nada más lejos de la realidad. El derecho de las familias a la libre elección de centro educativo viene garantizado por la Constitución y las vigentes leyes educativas, tanto de rango estatal como autonómico. El propio Dictamen del Consejo Escolar de Andalucía corrige a la administración educativa, instando a que aclare que la libre elección de centros está condicionada a la planificación educativa, que como responsable realice la Consejería. La aplicación práctica del principio de libre elección de centros, que tradicionalmente ha respondido a criterios geográficos, en este nuevo decreto se ve condicionada por la inclusión de un centro concertado en las zonas de escolarización que no cuenten con este tipo de centros, siempre que en la localidad convivan ambas ofertas. Este criterio, al que desde ANPE nos hemos opuesto, supone una discriminación positiva hacia los centros concertados y en la práctica provocará un desarraigo de parte del alumnado respecto a su lugar de residencia.
Por otro lado, no es cierto que el nuevo decreto nazca del consenso de la comunidad educativa, puesto que desde la Mesa Sectorial, ANPE y el resto de organizaciones representativas del profesorado, de forma unánime, manifestamos nuestro rechazo al mismo en fase de proyecto. Y en el seno del Consejo Escolar de Andalucía, en el que está representada toda la comunidad educativa, se aprobó en pleno, el pasado 24 de octubre, un Dictamen por el que se instaba a la Consejería de Educación y Deporte a la supresión del artículo 9.4, en el que se introduce la inclusión de un centro concertado en zonas carentes de centros de esta tipología.
En repetidas ocasiones, el consejero de Educación y Deporte, que debiera ser el máximo defensor del sistema público andaluz de enseñanza, ha acusado a este, a través de los medios de comunicación, de “mirar de reojo” a la enseñanza privada concertada. Muy al contrario, desde ANPE pensamos que es el propio consejero el que manifiesta una obsesión en promocionar la enseñanza privada concertada a costa del sistema público de enseñanza.
Para ANPE, nuestra única obsesión es conseguir una enseñanza pública de calidad, porque entendemos que esta es la única garantía de igualdad de oportunidades para las futuras generaciones y, por tanto, de cohesión social. La única que llega a todos los rincones y en la que todos cabemos. Mientras que desde la administración educativa se la cuestiona, ANPE defiende con orgullo una enseñanza pública andaluza profesional y de calidad, para lo que en estas fechas iniciamos, como en años anteriores, una campaña dirigida a las familias, animándolas a la matriculación de sus hijos en los centros públicos, bajo el lema:
“En este barco cabemos todos: Yo, en la pública”.
Por último, y si como consecuencia de este nuevo modelo de escolarización, se produjera una disminución de unidades en la enseñanza pública, desde ANPE convocaremos al profesorado a la movilización. El esfuerzo diario de nuestros profesionales, seleccionados a través de principios de igualdad, mérito y capacidad, no puede ser torpedeado mediante una interesada invocación de los derechos de las familias, bajo la que se enmascare un trato de favor a intereses privados.
Sevilla, 18 de febrero de 2020.
ANPE-ANDALUCÍA
