En los últimos días, la Educación se está viendo sacudida, una vez más, por una polémica política y mediática, azuzada desde los sectores más ideologizados del espectro político y social, y ajena por completo a los verdaderos intereses y necesidades de los actores del sistema educativo.
Todo a raíz del requerimiento del Gobierno de España al Gobierno de la Región de Murcia para que retire las Instrucciones dictadas para el presente curso a los centros docentes de dicha comunidad autónoma, por las que la participación de los menores en actividades complementarias y otras que formen parte del proyecto educativo, impartidas por personas ajenas al claustro, queda supeditada a la manifestación previa de conformidad por parte de sus padres o tutores legales.
El mecanismo anteriormente descrito, implantado hasta la fecha únicamente en la Región de Murcia, es popularizado por sus defensores bajo el nombre de “Pin parental”. Por lo que respecta a nuestro ámbito más cercano, tanto el consejero de Educación y Deporte como el vicepresidente autonómico han manifestado que no existe el menor propósito de que sea objeto de aplicación en Andalucía, donde su presencia se reduce a las campañas realizadas por los colectivos promotores del susodicho “Pin parental”, animando a las familias al inicio de un procedimiento carente de regulación legal.
Desde ANPE reconocemos el derecho constitucional de las familias a la participación en la vida de los centros, al conocimiento, veraz y fidedigno de todo lo que los menores a su cargo realizan en los mismos y a que estos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Sin embargo, este derecho debe ser compatible con un proceso educativo en el seno de la escuela que conduzca al desarrollo de la personalidad del alumno, conforme a los principios y valores del sistema democrático y al reconocimiento de las libertades fundamentales.
En este marco, entendemos que la normativa actualmente vigente garantiza plenamente los derechos de las familias en los distintos niveles de concreción curricular: diseño curricular base, proyecto curricular como parte del proyecto educativo de centro y programaciones de aula.
En el caso del diseño curricular básico, si se considerase que vulnera principios constitucionales, tiene un marcado carácter político o ideológico o invade competencias de las familias, estas tienen a su alcance instrumentos políticos y jurídicos para canalizar su disconformidad.
En cuanto al proyecto curricular de cada centro, incardinado en su proyecto educativo, las familias tienen, a través de su participación en el Consejo Escolar, competencias en la elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades escolares complementarias.
En el último nivel de concreción, la programación de aula, las familias tienen el derecho y la obligación de exigir que la actividad sea acorde a lo establecido en el resto de los niveles de concreción y, si procede, denunciar en el caso de que no sea así.
Consideramos por tanto que el mal llamado “Pin parental” es una medida innecesaria que merma la autonomía organizativa y pedagógica de los centros y amenaza la propia libertad de cátedra de los docentes, mediante la concesión a las familias de un derecho de objeción de conciencia encubierto ante las actividades propuestas por aquellos en las programaciones.
Por otro lado, en el caso de extenderse este procedimiento de autorización previa por los padres o tutores legales, se generaría un aumento de la ya de por sí excesiva burocracia que asfixia la labor docente. No es razonable someter las diferentes actividades ya programadas a estas autorizaciones, máxime cuando existen unos mecanismos de participación de las familias a través de cada consejo escolar, y de recogida directa de información a través de los tutores o equipos directivos.
ANPE entiende que los derechos de las familias y del alumnado están plenamente garantizados en el sistema educativo andaluz. Por lo que toda polémica en torno a un “Pin parental” inexistente en nuestra comunidad autónoma, no hace más que perjudicar a la imagen de la educación pública y a desviar el foco del debate de los auténticos temas de interés.
Sevilla, 24 de enero de 2020.
ANPE-ANDALUCÍA
