ANTE LA ÚLTIMA ENTREGA DEL INFORME PISA, ANPE PONE DE MANIFIESTO LA URGENTE NECESIDAD DE ACOMETER REFORMAS ESTRUCTURALES PROFUNDAS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO QUE DEBEN VENIR PRECEDIDAS POR UN PACTO O ACUERDOS DE MÍNIMOS PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUESTRO ALUMNADO Y EVITAR LA BRECHA EXISTENTE ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La última edición de la prueba realizada excluye a España en Lectura y muestra el descenso de nuestro país en Ciencias y Matemáticas donde España no supera la media de la OCDE.
Los alumnos españoles han obtenido los peores resultados desde que arrancó la prueba en el año 2000, con 483 puntos de media en ciencias, con una media de 481 puntos en Matemáticas, cinco menos que en la última edición de 2015, cuando se alcanzó el mejor resultado de la serie histórica. Estos datos sitúan a España, en ambas disciplinas, por debajo de la media de los países de la OCDE que es de 489 puntos.
El informe, una vez más, muestra diferencias significativas entre las distintas comunidades autónomas, aunque menos acentuados que en la prueba anterior. Las CC.AA. que tradicionalmente obtenían mejores resultados (Castilla y León, Navarra y Madrid) también han empeorado.
Por especialidades, no ha sido un buen año para los resultados en Ciencias, donde más se ha acusado el descenso respecto a la edición de 2015. La caída es generalizada en casi todas las regiones, con algunas excepciones. Tan solo País Vasco ha obtenido una mejor puntuación que en la anterior prueba, al pasar de 483 a 487 puntos, lo que aun así le impide situarse por encima de la media de la OCDE. Sí lo hacen Galicia (510), la comunidad que ha obtenido la puntuación más alta, Castilla y León (501), Asturias (496), Cantabria (495), Aragón (493), Navarra (492) y Cataluña (489). El resto de CCAA está por debajo de la media.
Las caídas más significativas se han producido en comunidades a las que les suele ir bien como Madrid que cae 29 puntos (487), Navarra, 20 (492); Castilla y León, 18 (501); Comunidad Valenciana 16 (478), Cataluña 15 (489) y Aragón 15 (493); Castilla-La Mancha 13 (484). Las bajadas son mínimas en Extremadura (1 punto, 473), Andalucía (2 puntos menos 471), Murcia 479, Asturias 496 y Canarias (470).
Algo mejores han sido los resultados de Matemáticas, donde la caída de las Comunidades no ha sido tan generalizada. Las cifras han mejorado en País Vasco (de 429 a 499), Cantabria (495 a 499), Galicia (494 a 498) y, en la parte inferior de la tabla, Islas Baleares (de 476 a 483), Murcia (de 470 a 474), Andalucía (466 a 467) e Islas Canarias (de 452 a 460).
En todas las ediciones de PISA se señala que el estatus socioeconómico es un factor determinante de los resultados académicos. España es uno de los países que aparecen bien posicionados en equidad: En matemáticas, solo el 12% de las diferencias en el rendimiento de los estudiantes se debe a su entorno y a la capacidad económica de las familias - en 2015 fue del 16% -, de igual forma, en el caso de ciencias, también se ha reducido del 13,4% al 10%.
Por otra parte, en 31 de los 79 países analizados, los directores de instituto ubicados en zonas más desfavorecidas reportaron una mayor escasez de materiales y un menor número de profesores que los centros de otros barrios más privilegiados, lo que “obstaculiza” la excelencia en la enseñanza.
Respecto a la falta de profesorado, 49% de los centros más necesitados lo acusaron frente al 31% en los más aventajados, según los directores. En esos centros, los estudiantes se enfrentan a una doble desventaja, una ocasionada por las circunstancias familiares y, la otra, el propio sistema educativo.
En PISA, también se critica a los países con altos índices de segregación escolar (concentrar a los alumnos con menos recursos en los mismos centros), un modelo que reduce las posibilidades de los niños de comunicarse con compañeros de diferente estrato social, aumentando las desigualdades sociales en el futuro.
El informe muestra de nuevo, con reiteración, los puntos débiles de nuestro sistema educativo: la necesidad de coherencia y vertebración del sistema que se manifiesta en la brecha existente entre comunidades, la rigidez de la estructura, un modelo pedagógico que favorece el abandono educativo temprano del alumnado. Con la parálisis institucional que hemos tenido los dos últimos años que ha impedido poner en marcha las reformas necesarias e imprescindibles, además de la serie de recortes que se han aplicado, que aún no han sido revertidos y están deteriorando al sistema educativo, debemos ser capaces de lograr un acuerdo de mínimos entre todos los agentes políticos y sociales que impulse verdaderamente la educación en nuestro país.
ANPE se reafirma en que es imprescindible:
- Un Pacto de Estado político, social y territorial que siente las bases de la reforma global y profunda que necesita la educación en España, para vertebrar y cohesionar el sistema educativo, mejorar los rendimientos de todo el alumnado de manera que se eviten las enormes desigualdades entre comunidades autónomas.
- Elaborar una Ley de financiación de la enseñanza. El aumento del gasto público destinado a la educación debe partir ya del 5% del PIB para llegar hasta un 6% en los próximos años. Los recortes presupuestarios en los últimos años han reducido el gasto educativo hasta un 4,1% actual, lo que nos aleja cada vez más de los países de la UE.
- Abordar la situación del profesorado y su futuro profesional, dando respuesta al diseño de la profesión docente en un doble aspecto, estableciendo una Ley de la profesión docente y, por otro lado, con un Estatuto de la Función Pública Docente que recoja y desarrolle la carrera profesional docente, desde el ingreso a la función pública docente hasta la jubilación.
- Apostar decididamente por la calidad de la enseñanza pública, que precisa de los mayores medios y recursos porque garantiza el principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social.
Desde ANPE venimos exigiendo que la Educación sea una verdadera prioridad que permita abordar con profundidad los cambios y reformas que necesita nuestros sistemas educativos precedidos de un Pacto de Estado política, social y territorial que de estabilidad y cohesión al sistema educativo. Ese pacto debe consensuar las cuestiones básicas de su modelo y estructura, financiación, organización, evaluación, etc. para lograr, en definitiva, un sistema educativo reconocible, vertebrado y cohesionado que impulse una educación de calidad para todos y asegure el principio de igualdad de oportunidades en cualquier parte del territorio nacional.
Madrid a 3 de diciembre de 2019
