ANPE viene reclamando desde hace muchos años un pacto de estado para que, entre otras cuestiones, aísle la educación de la confrontación ideológica permanente, de manera que seamos capaces de dotar de estabilidad, rigor e imparcialidad al sistema educativo. Lamentablemente estos días, con ocasión del desafío secesionista en Cataluña, estamos comprobando como la instrumentalización, la manipulación, el uso partidista de la misma está alcanzando las cotas máximas de parcialidad al servicio de un proyecto independentista.
Los ejercicios de adoctrinamiento que hemos visto estos días han mostrado sin ningún pudor y con toda virulencia la utilización de la escuela que el nacionalismo radical ha sido capaz de imponer al servicio de proyecto separatista. También sabemos que, en este escenario, hay profesores que cumplen con profesionalidad y objetividad sus funciones y cometidos, pero en este contexto es difícil abstraerse a la presión y a la tensión que impera en los centros educativos en Cataluña.
Hemos repetido hasta la saciedad que no estamos en contra del Estado de las Autonomías, todo lo contrario, las mayores cuotas de progreso y bienestar en este país se han vivido en los últimos cuarenta años, pero no es menos cierto que el Estado y los sucesivos gobiernos deberían haber sido más firmes en sus límites para conseguir que nuestro sistema educativo se configure de acuerdo con los principios y valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella.
La igualdad de todos los españoles ante el contenido esencial del referido derecho implica la necesidad de la regulación de unos contenidos mínimos y preestablecidos que justifica que todos los alumnos tengan un contenido común. ANPE ha alertado y denunciado en numerosas ocasiones la deriva del descontrol de los contenidos comunes, que comenzó a evidenciarse a partir del desarrollo de la LOGSE con el porcentaje y distribución competencial del currículo básico y que tuvo su punto culminante con la publicación de la disposición adicional cuarta de la LOE, que eliminaba para la elaboración y edición de los libros de textos la previa autorización administrativa. Ello se traduce que al ser un control “a posteriori” nadie vigila ni supervisa el tratamiento de los libros de texto, dejando al albur de cada comunidad la elaboración y edición de los contenidos. La LOMCE no solo no lo corrigió, sino que ahondó en esta senda de una mayor desvertebración educativa.
Desde la asunción de las transferencias educativas por las comunidades autónomas, hemos asistido a una desaforada carrera de algunas de ellas por priorizar lo que nos separa en lugar de lo que nos une, aunque sea a costa de manipular la historia, la literatura, el derecho, la lengua… Las primeras víctimas de esta manipulación son los alumnos españoles que ven gravemente cercenados derechos fundamentales, como el uso de la lengua propia común, el acceso a la totalidad del patrimonio cultural de su país y el conocimiento de las instituciones del Estado. Y ello no es incompatible con el desarrollo y la gestión de un marco competencial propio, que naturalmente incluye el conocimiento de su lengua vernácula propia, lengua cooficial, y el acervo cultural especifico de cada CCAA, imprescindibles para enriquecer la formación de nuestros alumnos.
Pero la laxitud y dejadez de los sucesivos gobiernos nacionales ha llevado a Cataluña a la situación actual al permitir por inacción la instauración del pensamiento único dominante utilizando como correa de transmisión las escuelas y los medios de comunicación. Ya no es que allí no funcione la Alta Inspección como mecanismo de control, sino que la propia inspección educativa ordinaria está reclutada por inspectores accidentales nombrados directamente por la Generalitat. Y algo parecido ocurre con los nombramientos de los directores escolares.
Lo que estamos viviendo estos días supone la puesta a disposición de la educación al servicio de un proyecto político segregador y secesionista con el objetivo no disimulado de romper unilateralmente, sin ninguna justificación ética y jurídica, nuestro marco común de convivencia. Todo ello aderezado con la excusa de algunos rasgos diferenciales propios y sustentado sobre medias verdades en la interpretación de los hechos históricos y políticos, que acaban siendo las mayores falsedades, para construir un relato potente y eficaz en torno a unas supuestas identidades propias enfrentado a todo los que no se sometan a estos postulados y por supuesto a la idea de España como sentido de pertenencia, que está creando una grave fractura política social y territorial.
No vamos a decirle a los poderes del Estado como tienen que restaurar el orden constitucional en ese territorio, no es nuestro papel, pero sí advertimos desde la serenidad y la firmeza, que no valen ni ambigüedades ni equidistancias con los que pretenden, con el desprecio más absoluto la ley, desgajarse unilateralmente del Estado saltándose el marco jurídico vigente y rompiendo la soberanía nacional que reside en todos los españoles porque ello garantiza la igualdad de los derechos, deberes y libertades de todos los ciudadanos en el conjunto de España.
Ahora más que nunca nos reafirmamos en nuestra idea de un Pacto de Estado por la Educación que garantice esta imprescindible vertebración y cohesión del sistema como único garante de la igualdad de todos los españoles consagrada por nuestra Constitución y que asegure la cooperación leal entre todas las Administraciones Educativas. Ojalá se solucione pronto este grave conflicto para que podamos afrontar, todos juntos, los retos y desafíos de nuestro sistema educativo, condicionados ahora, exclusivamente, por este desafío territorial.
