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Málaga Andalucía Nov 16, 2017

La asesoría jurídica de ANPE-MÁLAGA obtiene la condena a prisión de la agresora de una maestra


La asesoría jurídica de ANPE MÁLAGA obtiene una sentencia por la que se condena a seis meses de prisión, por delito de atentado, a una madre que zarandeó a una maestra en un colegio público de Mijas.

La Sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal Número 11 de Málaga, condena a la autora del delito de atentado contra la autoridad, además de a seis meses de prisión, a indemnizar moralmente a la maestra agredida.

El asunto ha sido tramitado por la Asesoría Jurídica de ANPE MÁLAGA y los hechos se remontan a febrero de 2015, cuando, a la salida del colegio, la madre de un alumno comenzó a increpar a una maestra, a la que agarró del brazo y zarandeó en los pasillos.

Afortunadamente, los hechos no revistieron mayor importancia. No obstante, los docentes no debemos bajo ningún concepto tolerar este tipo de comportamientos ni agresión alguna.

La Sentencia ha sido ejemplar y condena a la agresora a ingresar en prisión, si volviera a delinquir en el plazo de dos años.

ANPE-ANDALUCÍA ya ha conseguido diversas sentencias en este sentido y desde esta Organización lamentamos que haya que recurrir a los tribunales para poder defender la integridad física y moral de los docentes.

Una de las pocas aportaciones positivas de la LOMCE al sistema educativo español es el reconocimiento, largamente demandado por ANPE, de la autoridad del profesorado. En la nueva redacción que esta ley da al artículo 124.3 de la LOE, se establece que los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. Esto supone que en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad.
La principal implicación jurídica del reconocimiento de la autoridad pública del profesorado es su delimitación como colectivo de funcionarios que han de ser protegidos en atención al cargo o función que desempeñan y que ostentan mando y ejercen jurisdicción propia. De hecho, desde fines de 2008, la Fiscalía General del Estado ha instado a todas las Fiscalías de España a que consideren que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y que cualquier agresión grave contra ellos pueda ser calificada como delito de atentado a la autoridad, tipificado en el Código Penal.

ANPE lamenta que la Junta de Andalucía haya contemplado de modo disperso en su normativa educativa parte de las medidas contenidas en las distintas leyes de autoridad de otras autonomías. Negándose, sin embargo, a reunir todas estas medidas en una ley, así como a reconocer la autoridad pública del profesorado, auténtico problema de fondo, ya que la única autoridad que las normas andaluzas reconocen expresamente al colectivo de profesores es la “magistral y académica”.

ANPE exige a la administración andaluza el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado, en los términos marcados por la legislación vigente y que se deben plasmar en una ley de autoridad similar a la de otras comunidades autónomas que reúna en un único cuerpo toda la normativa andaluza existente en materia de derechos y protección jurídica del profesorado, actualmente dispersa.

Repercusión en los medios:

Diario Sur

Diario Málaga hoy

La Opinión de Málaga

Europapress

La Vanguardia

 


#Acción sindical #ANPE en los medios #Defensor del profesor

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