En el día de hoy, la Coordinadora Autonómica de El Defensor del Profesor en Andalucía, María Ángeles Guzmán de Quero, ha dado a conocer en rueda de prensa celebrada en Málaga, el Informe 2017/18 de este servicio del sindicato ANPE.
El Defensor del Profesor es un servicio de asistencia jurídica y psicológica a los profesores víctimas de situaciones derivadas de la conflictividad escolar, existente desde el año 2005. A lo largo de su ya consolidada trayectoria ha atendido numerosísimos casos procedentes de los puntos más diversos de Andalucía. En cuanto a la distribución provincial de los mismos, en el pasado curso académico, destaca Málaga como provincia donde la incidencia fue sensiblemente superior a la media autonómica. Por el contrario, Jaén y Córdoba fueron las provincias en las que el servicio recibió menos denuncias.
Por etapas educativas, un 52% por ciento de los casos se han producido en Educación Infantil y Primaria, un 36% en ESO y Bachillerato y un 12% en FP, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.
En cuanto al origen de la conflictividad, el 43% de los casos atendidos se relaciona con situaciones ocurridas con el alumnado, el 27% con las familias y el 30% con problemas con otros docentes, en especial miembros de equipos directivos, y con la administración educativa.
Por lo que respecta a los hechos protagonizados por el alumnado, un 67% de los casos están relacionados con las dificultades para desarrollar con normalidad la labor docente, ligadas a menudo a faltas de respeto y agresiones verbales sufridas por el profesorado. Esta violencia se manifiesta de un modo más extremo mediante agresiones y daños en propiedades del profesorado (10% de los casos). Hay que destacar por último, el creciente acoso a través de los nuevos medios tecnológicos, que han supuesto el 23% de los casos denunciados.
En cuanto a los hechos protagonizados por familiares de los alumnos, un 56% de los casos se corresponde a falsas acusaciones y denuncias, un 30% a situaciones de acoso y amenazas por diversos medios, incluidos los tecnológicos, un 10% a presiones para modificar notas y el 4% restante a agresiones.
Desde ANPE y El Defensor del Profesor, entendemos que para avanzar en la reducción de los problemas de convivencia en las aulas andaluzas es necesaria una mayor dotación de recursos, tanto en formación del profesorado en resolución de conflictos como en la atención al alumnado con mayores necesidades educativas.
Igualmente, ANPE sigue exigiendo a la Junta de Andalucía que dote al profesorado de autoridad pública en el ejercicio de su función a través de una norma con rango de Ley, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas.
Otra de nuestras reivindicaciones es la reducción de la creciente carga burocrática que lastra el ejercicio docente.
A nivel estatal, demandamos al Ministerio de Educación y Formación Profesional que elabore e implante, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que armonice la actual dispersión y disparidad normativa en materias fundamentales como la prevención del acoso, las sanciones a las conductas contrarias a la convivencia, la asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de la violencia en el ámbito escolar, la reeducación de los agresores o la autoridad del profesorado.
Málaga, 27 de noviembre de 2018.
ANPE-ANDALUCÍA
