Hace unos fechas el PSOE anunciaba que abandonaba la subcomisión del Congreso para el pacto de estado por la educación, decisión también secundada por PODEMOS y los partidos nacionalistas justificándolo, entre otras razones, en que la propuesta de financiación se alejaba mucho del pretendido 5% del PIB. Al mismo tiempo, algunas organizaciones sindicales y sociales abandonaron los grupos de trabajos de la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado en el que se estaba elaborando un informe evaluativo y propositivo, a instancias del propio Ministro, sobre el contenido de los mencionados quince puntos acordados en la subcomisión .
No vamos a enjuiciar las razones que cada organización tiene para permanecer o abandonar el pacto educativo porque sería muy prolijo este examen. Lo que resulta evidente es que se sigue utilizando la educación como arma de confrontación ideológica y si este panorama no cambia en los próximos días, constataremos la ruptura formal del pacto en el ámbito político y en el social.
Desde ANPE, y pese a nuestro escepticismo, nos ratificamos en la necesidad del pacto y por eso hemos permanecido en la comisión del Consejo Escolar del Estado y en todos los foros de representación en los que hemos tenido ocasión de participar, incluida la comparecencia en la subcomisión, haciendo aportaciones para que se alcance un pacto de estado que sirva para dar estabilidad a nuestro sistema educativo. El problema que ahora se plantea, si definitivamente no se logra el tan deseado pacto, es saber qué va a pasar con la gestión de la educación en los próximos años. Porque no olvidemos que esta legislatura ha estado condicionada y supeditada a que hubiera un pacto educativo para sentar las bases de una nueva reforma.
Efectivamente, así lo anunció el Presidente de Gobierno en el discurso de investidura, comprometiéndose a la paralización de la LOMCE en algunos de los aspectos más polémicos, entre ellos las evaluaciones. Por eso se aprobó el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. En este RD se afirmaba que, con objeto de colaborar decididamente al proceso de dialogo que debe concluir en el Pacto de Estado, Social y Político por la Educación y en cumplimiento de los compromisos políticos asumidos, el Gobierno amplía el plazo para la implantación de las evaluaciones, de manera que, mientras se lleven a cabo las negociaciones, estas pruebas no tengan efectos académicos y serán de carácter muestral y de carácter diagnóstico en los niveles obligatorios y en el caso del Bachillerato se realizará una prueba de características semejantes a la hasta ahora vigente Prueba de Acceso a la Universidad y válida a los solos efectos de acceso a la universidad.
Por tanto, si no hubiera pacto ¿volvemos a la aplicación de inicio de la LOMCE en lo regulado para las evaluaciones ?, o, lo que se acordó como transitorio en el mencionado RD se mantendrá con carácter indefinido. Porque no sólo están condicionadas las evaluaciones y el diseño curricular, hay otros retos pendientes y algo habrá que hacer, más pronto que tarde, para afrontar y resolver estas cuestiones:
Algo habrá que hacer para vertebrar y cohesionar nuestro sistema educativo o permitimos que se desgaje irremediablemente en 17 mini sistemas, porque ello es fundamental para garantizar principios como la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todo el territorio nacional. Y ello afecta a la definición de los contenidos básicos y comunes, a la regulación y el derecho del castellano, haciéndolo compatible, y de ningún modo subsidiario con las lenguas vernáculas, al establecimiento de las evaluaciones censales y de diagnóstico en los niveles obligatorios y a la propia regulación de los cuerpos docentes. Necesitamos elaborar una EBAU de carácter estatal homogénea que garantice la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación.
Algo habrá que hacer para impulsar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo, sin exclusión de otras redes, al mismo tiempo que alcancemos un acuerdo básico de financiación que permita acometer las reformas necesarias en igualdad de condiciones en todo el Estado.
Algo habrá que hacer para abordar de una vez por todas la situación del profesorado y su futuro profesional, que dé respuesta al diseño de la profesión docente, en un doble aspecto: una ley de la profesión docente y un Estatuto del Profesorado, que defina como atraer a los mejores profesores a las aulas, como formarlos y como regular una carrera profesional que haga atractiva y motivadora el desempeño de su función y que contemple unas retribuciones equiparables en todo el Estado.
Todas estas cuestiones, y algunas otras, habrá que abordarlas con pacto o sin él. Por ello apelamos a la responsabilidad de todos, para que, si no es posible el pacto, logremos al menos un acuerdo de mínimos sobre estos aspectos básicos, que saque a nuestro sistema educativo del estancamiento e inestabilidad en el que se encuentra.¡
Corresponde al Ministerio de Educación, junto con las CCAA, liderar, coordinar e impulsar las reformas necesarias, sin más dilación ni excusa. Porque el sistema educativo no puede seguir rigiéndose por la transitoriedad y la incertidumbre al que se ha visto sometido en los últimos años.
