COMUNICADO CONJUNTO INTERSINDICAL SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO DE ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL (ZTS)
Las organizaciones sindicales CSIF, ANPE, CCOO y UGT, integrantes de la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía, queremos trasladar a la comunidad educativa y a la opinión pública nuestra posición ante el Proyecto de Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS), así como aclarar los hechos acontecidos en las últimas semanas.
1. Un objetivo compartido
Mejorar la atención educativa del alumnado en situación de vulnerabilidad es un objetivo irrenunciable. Las organizaciones sindicales hemos defendido el refuerzo de los centros de educación compensatoria, de especial dificultad y aquellos otros que escolaricen alumnado en situación de vulnerabilidad. Dicho refuerzo representa una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades.
Precisamente por la importancia de este objetivo, consideramos que el actual borrador del Decreto ZTS compromete la atención del alumnado vulnerable al presentar graves deficiencias en su estabilidad futura.
2. Financiación inestable y sin garantías estructurales
La Consejería vende el decreto como una gran apuesta: 1.275 docentes y 70 millones de euros. Pero la realidad es otra: gran parte de esa “inversión” descansa en fondos europeos (FSE+) con fecha de caducidad en 2027. No se puede construir un decreto que afecta al alumnado más vulnerable sobre una financiación temporal, finalista y condicionada. Eso no es una garantía.
Aprovechar fondos europeos puede ser útil, pero la Junta no puede sustituir con ellos la obligación de aportar recursos propios y plurianuales. Se ha pasado de un modelo de dotación estructural —con fondos autonómicos— a un modelo anual y sometido a disponibilidad. Y mientras se habla públicamente de “recursos” de manera genérica, el Decreto ZTS se limita a garantizar recursos personales y deja en el aire los recursos económicos que venían sosteniendo la atención educativa en los centros de compensatoria. A día de hoy, la Administración no garantiza que esos centros sigan percibiendo la financiación que recibían.
Además, hay que dejar claro que la permanencia de los 414 cupos de compensatoria y difícil desempeño no es un logro del decreto: es el resultado directo de la presión sindical. En el primer borrador se pretendía mantenerlos únicamente hasta el curso 2025/2026, y en Mesa Técnica se llegó a afirmar que esos docentes saldrían de plantilla. Hemos conseguido frenar ese recorte y mantener el personal, pero el decreto sigue sin blindar la financiación económica. La Junta debe dejar de anunciar cifras y asumir su responsabilidad con transparencia y objetividad a la hora de dotar de recursos personales a los centros educativos, con un presupuesto propio, estable y suficiente para que la atención al alumnado vulnerable no dependa de ayudas con fecha de vencimiento.
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3 - Imposición sin datos y sin negociación: la Consejería introduce a última hora la “rotación del 70%” sin transparencia ni rigor
Uno de los aspectos más graves de todo este proceso ha sido la falta de transparencia y la ausencia de una negociación real, sustituida por imposiciones. Tras más de año y medio de mesas técnicas y sectoriales, la Consejería introdujo a última hora un elemento sobrevenido y no tratado previamente: el criterio de “rotación del 70% de la plantilla”. Este cambio, incorporado en la última Mesa Sectorial, llegó como un hecho consumado, sin margen de debate, y con una Administración inflexible en su retirada.
La medida no solo es grave por su contenido, sino por la improvisación con la que se plantea. Cuando las organizaciones sindicales solicitamos un dato básico —cuántos centros cumplen ese criterio— la propia Administración afirmó desconocerlo. Resulta inaceptable implantar una disposición de este calado sin tener cuantificado su alcance real. Si se pretende mantenerla con esa rigidez, debe estar avalada por datos. Lo contrario conduce a una conclusión preocupante: o se está actuando sin aparente rigor técnico, o se está faltando a la verdad, o ambas cosas a la vez. Lo que sí es cierto, es que de este modo, se estará utilizando este decreto, para satisfacer pretensiones que nada tienen que ver con la mejora de la atención educativa del alumnado más vulnerable.
Además, el propio diseño del procedimiento para determinar qué centros pueden acogerse a determinadas medidas carece de la transparencia necesaria, sin definirse en ningún momento, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales. Si la Administración considera que la alta rotación de plantilla es un problema, lo responsable sería partir de un análisis exhaustivo de los centros de Andalucía donde se da esa situación, identificar las causas que la generan y, desde ahí, articular incentivos ajustados a la realidad de cada centro. Lo que no se puede hacer es imponer un criterio genérico, sin diagnóstico previo y sin información suficiente sobre su aplicación.
Desde el inicio, las organizaciones sindicales hemos mantenido una actitud constructiva, presentando numerosas aportaciones durante más de un año y medio con el objetivo de mejorar el texto y alcanzar un acuerdo. Sin embargo, la introducción de elementos innegociables en la fase final provocó la ruptura del proceso en la última Mesa Sectorial. A partir de ese momento, agotada la vía de la negociación en Mesa Sectorial de Educación, solicitamos una reunión con el Viceconsejero de Educación y planteamos propuestas para desbloquear el conflicto, sin embargo, la Administración no atendió el núcleo de las discrepancias y se limitó, en el mejor de los casos, a proponer cuestiones menores que no resolvían el problema de fondo. Ante esa falta de voluntad real por parte de la administración educativa andaluza, la parte social nos hemos visto obligados a iniciar movilizaciones.
4. Movilidad del profesorado y reducción de vacantes
La Consejería sostiene públicamente que el único punto de discrepancia sindical se limita a la cobertura en comisión de servicios de los equipos directivos. Esa afirmación es rotundamente falsa. El desacuerdo no es parcial ni anecdótico: es profundo y afecta al núcleo del modelo que se pretende implantar.
De hecho, las cuatro organizaciones sindicales presentamos una enmienda a la totalidad en el Consejo Escolar de Andalucía, expresión inequívoca de la unidad sindical frente al proyecto y respaldada, además, por familias de la educación pública. Una enmienda a la totalidad no se presenta por un matiz: evidencia que el planteamiento general del decreto resulta inasumible en su conjunto.
En este marco, la medida que permite nombramientos anuales en comisión de servicios para miembros de los equipos directivos en centros con alta rotación tiene consecuencias graves y directas:
- Reduce el número de vacantes ofertadas en los procedimientos ordinarios, afectando al Concurso General de Traslados y a procesos de colocación de efectivos.
- Incide de forma directa en el derecho legítimo a la movilidad del profesorado.
- Puede alterar el principio de elección democrática de los equipos directivos.
- Y, lejos de resolver el problema, no garantiza una estabilidad real de las plantillas.
Si el objetivo declarado es reducir la rotación, existen alternativas más eficaces, más justas y negociables, como los incentivos económicos, en lugar de imponer un mecanismo que recorta vacantes, tensiona derechos laborales y paradójicamente, puede erosionar la estabilidad de los centros.
Por todo ello, el pasado 11 de febrero nos movilizamos en las ocho provincias andaluzas en defensa de los recursos para el alumnado vulnerable y del derecho a la movilidad del profesorado.
