ANPE-ANDALUCÍA manifiesta su preocupación y rechazo ante la recomendación trasladada por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, en relación con la situación de alerta meteorológica, declarada en distintas zonas de nuestra comunidad autónoma.
Somos conscientes de que la competencia sobre el cierre de centros educativos no recae directamente en la Consejería, sino en los órganos de Protección Civil y autoridades competentes en materia de emergencias. Sin embargo, la recomendación emitida resulta claramente insuficiente, ambigua y alejada de la realidad que se está viviendo en numerosos puntos de Andalucía.
Limitarse a indicar que no se realicen actividades en el exterior de los centros educativos, sin una evaluación real del estado de las infraestructuras ni de los riesgos asociados a los desplazamientos, demuestra un preocupante desconocimiento de la situación de muchos centros educativos y de las condiciones en las que el personal docente y de administración y servicios está desarrollando su labor.
A lo largo de la jornada se están registrando incidencias meteorológicas graves en diferentes zonas de la geografía andaluza, mientras numerosos docentes se han visto obligados a desplazarse desde municipios en situación de alerta hacia otros que no la tienen, asumiendo riesgos evidentes en carreteras y trayectos que podrían haberse evitado con una actuación más clara, coordinada y responsable por parte de la Administración.
Consideramos que la falta de directrices claras y contundentes traslada toda la responsabilidad a los centros educativos, a su profesorado y resto de trabajadores, generando inseguridad, desprotección y un riesgo innecesario para la comunidad educativa en su conjunto.
Por todo ello, exigimos la apertura de una negociación en el seno de la Mesa Sectorial con el fin de elaborar y aprobar un protocolo claro, específico y homogéneo que establezca actuaciones concretas ante situaciones de alerta meteorológica, garantizando la protección del profesorado, del personal de los centros y del alumnado, así como criterios claros sobre desplazamientos, presencialidad y organización de la actividad lectiva.
Asimismo, instamos a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP a que active de manera efectiva el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, teniendo especialmente en cuenta aquellos centros educativos que presentan mayores deficiencias estructurales, de mantenimiento o de seguridad, para que sean evaluados y priorizados ante este tipo de circunstancias.
Sevilla, 28 de enero de 2026.
ANPE-ANDALUCÍA
