Este jueves, 10 de septiembre, se inicia en Andalucía la actividad lectiva del curso escolar 2020/21, en un escenario inédito, derivado de una crisis sanitaria sin precedentes inmediatos, provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19.
Para ANPE, la prioridad absoluta en estos momentos es la vuelta segura a las aulas, desiertas desde el pasado mes de marzo, por las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades sanitarias. Un objetivo que sólo puede alcanzarse, a través de la dotación del profesorado necesario y de la aplicación de todas las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.
En esta difícil coyuntura, ANPE trabaja intensamente en la Mesa Sectorial, como también desde el ámbito parlamentario, en la Comisión para la consecución de un Pacto Social por la Educación en Andalucía, con una postura constructiva y dialogante, defendiendo como premisa la reducción de las ratios como condición indispensable para el mantenimiento de las necesarias distancias de seguridad, a través de un incremento de la plantilla docente. Igualmente, exige a la administración educativa un esfuerzo en dotación de medios materiales a los centros, tanto en materia de seguridad e higiene, como de instrumentos digitales al servicio de la enseñanza semipresencial. E insiste en la necesidad de flexibilidad curricular, para garantizar la impartición de los contenidos fundamentales, en la implantación del servicio de enfermería escolar y en la no incorporación del profesorado vulnerable.
Desgraciadamente, los esfuerzos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía no han estado, hasta el momento, a la altura de los exigidos al profesorado, ni en materia organizativa, ni de adaptación del currículo a las exigencias que el momento nos plantea. Tampoco en la dotación del personal docente necesario, ya que los poco más de 4.000 docentes incorporados como profesorado de refuerzo, son a todas luces insuficientes para hacer frente a la situación, dejando abandonadas en el olvido a enseñanzas como la Educación Infantil. Un insuficiente compromiso por parte de la administración, que va a generar, sin duda, numerosos problemas para un normal desarrollo del curso académico.
En estos momentos tan difíciles de emergencia sanitaria, y desde nuestra posición de sindicato independiente y profesional del profesorado de la enseñanza pública, no hemos querido privar del derecho a la educación a nuestro alumnado ni romper todos los puentes hacia posibles mejoras consensuadas en el seno de la Mesa Sectorial, mediante una convocatoria precipitada de huelga. Pero no por ello vamos a dejar de exigir que se pongan en práctica todas las medidas recomendadas y establecidas por las autoridades sanitarias, acometiendo tanto un calendario de movilizaciones como cualquier tipo de acción oportuna para preservar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa y muy especialmente del profesorado al que representamos. Y si esto no fuera posible, por la negligencia de la administración, pediremos el cierre de los centros, antes de que estos se conviertan en un peligro para la salud colectiva.
Estas son nuestras prioridades en estos momentos, pero no por ello perdemos de vista cuestiones fundamentales que no han de caer en el olvido. Seguimos a la espera de la publicación de la Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado, en cuyo desarrollo normativo participaremos activamente; no decaemos en nuestra demanda de mejoras de las infraestructuras y equipamientos materiales de los centros, especialmente en lo que tiene que ver con la climatización; exigimos una dotación adecuada de personal administrativo a los centros, que descargue al profesorado del exceso de carga burocrática que entorpece su labor.
Tampoco olvidamos la incompleta recuperación de los derechos económicos, laborales y profesionales de los docentes, perdidos durante los años de la crisis anterior. ANPE sigue reclamando un acuerdo retributivo que contemple la equiparación salarial de los docentes andaluces con los de otras comunidades autónomas, el abono de los complementos autonómicos detraídos de las pagas extraordinarias de los años 2013 y 2014 y la plena restitución de las ayudas del fondo de acción social.
Seguiremos planteando, en todo momento, las demandas laborales de todo el profesorado, incluyendo a aquellos colectivos, con problemáticas específicas pendientes de solución a lo largo de los años, como los maestros que atienden a alumnado de nivel de Secundaria en Educación Permanente y Aulas Hospitalarias, el profesorado itinerante, los docentes que imparten enseñanzas de Religión o los inspectores.
ANPE, como sindicato exclusivo del profesorado de la enseñanza pública y mayoritario entre el colectivo docente, exige en definitiva al gobierno andaluz una política de compromiso con el sistema público de educación, especialmente en los momentos tan duros que nuestra sociedad está viviendo como consecuencia de la pandemia.
Sevilla, 10 de septiembre de 2020.
ANPE-ANDALUCÍA
